El Congreso de Oaxaca aprobó este 25 de septiembre la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, luego de la detención del presidente municipal Miguel Sánchez Altamirano. La resolución salió adelante durante una sesión extraordinaria con 35 votos a favor y ninguno en contra, tras la solicitud enviada por el gobernador Salomón Jara Cruz.
La decisión abre una etapa provisional para la administración de uno de los municipios más importantes del Istmo de Tehuantepec. De acuerdo con la Ley Orgánica Municipal de Oaxaca, una vez declarada la desaparición del Ayuntamiento, el Congreso debe notificar al Poder Ejecutivo para que nombre de inmediato a una persona encargada de la administración municipal.
Ese nombramiento tendrá una duración de 90 días. Quince días antes de que termine ese periodo, el gobernador deberá proponer al Congreso la integración de un Concejo Municipal, que podrá concluir el periodo constitucional de la administración disuelta si recibe la ratificación correspondiente.
¿Qué pasará en Juchitán tras la desaparición del Ayuntamiento?
La resolución legislativa ocurre dos días después de la captura de Miguel Sánchez Altamirano, conocido como “Quetu”. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca lo acusa de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del estado. Un juez calificó de legal su detención y ordenó prisión preventiva mientras continúa el proceso.
La defensa del edil solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que la audiencia para definir si será vinculado a proceso quedó programada para el 29 de septiembre. Hasta que exista una resolución judicial definitiva, el exfuncionario conserva la presunción de inocencia respecto de los delitos que se le atribuyen.
La solicitud de desaparición del Ayuntamiento fue presentada por el gobierno estatal bajo el argumento de preservar la gobernabilidad y evitar una interrupción en los servicios públicos municipales. Antes de la votación, la Secretaría Municipal de Juchitán manifestó disposición para acompañar las medidas institucionales que permitan recuperar la normalidad administrativa.
El procedimiento aprobado no implica que el gobierno estatal asuma de manera permanente el control del municipio. La legislación oaxaqueña establece una administración temporal y posteriormente la integración de un Concejo Municipalcon el mismo número de integrantes propietarios y suplentes que el Ayuntamiento.
La detención de Sánchez Altamirano y la decisión del Congreso colocan ahora la atención en dos procesos distintos: la causa penal contra el exalcalde y la transición administrativa en Juchitán. Ambos avanzarán por vías separadas durante los próximos días.
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